Esta semana se reúnen para escuchar a los diputados que presentaron proyectos pero todavía hay dudas sobre los cambios. Qué puntos complican el debate.
El debate sobre los cambios a la Ley de Alquileres se encuentra estancado por las diferencias que asomaron en los últimos días entre las cámaras inmobiliarias y las agrupaciones de inquilinos, que generaron desacuerdos internos en los bloques. En ese marco, los diputados encargados del tema volverán a reunirse esta semana para tratar de destrabarlo, aunque con expectativas moderadas.
Tras haber escuchado a unos 130 representantes de todos los sectores vinculados al mercado de alquileres, la Comisión de Legislación General que preside Cecilia Moreau (Frente de Todos) volverá a reunirse. La fecha de la cita todavía no está definida pero será entre el martes y el miércoles, según indicaron a iProfesional en ese cuerpo parlamentario.
La comisión escuchará a todos los diputados que presentaron proyectos referidos a la Ley de Alquileres (27.551) y el objetivo es alcanzar un dictamen con el mayor consenso posible. Sin embargo, no hay todavía una postura unificada ni en el Frente de Todos ni en Juntos por el Cambio respecto de los dos puntos clave de la norma: la duración de los contratos y las actualizaciones.
«Lo veo difícil», admitió una fuente del oficialismo consultada por iProfesional respecto de si será posible arribar a un dictamen esta semana. En tanto, en la principal bancada opositora afirman que están tratando de llegar a un consenso interno para poder presentar, al menos, un dictamen propio.
En ambos espacios reconocen dificultades para avanzar con un nuevo proyecto. Los más optimistas apuestan a lograr un dictamen lo más consensuado posible en la segunda semana de mayo, para poder cumplir con el plazo de 30 días hábiles que habían acordado a principios de abril.
Los puntos centrales de Ley de Alquileres que complican un acuerdo
La ley vigente, sancionada en 2020 y cuestionada por el impacto negativo que generó en los precios y la oferta de locaciones para vivienda, estableció contratos de tres años y actualizaciones de precio anuales, guiadas por un índice que combina la variación de la inflación y de los salarios.
Durante las reuniones informativas de la comisión los representantes de las inmobiliarias pidieron volver a contratos de dos años y eliminar el índice para el ajuste del precio, que quieren que sea semestral o por acuerdo entre las partes, mientras que varias de las agrupaciones de inquilinos se inclinaron por dejar la norma como está.
Este contrapunto dejó a los diputados con más dudas que certezas sobre el camino que deben tomar para responder a las demandas de los distintos actores. En el Frente de Todos algunos quieren dejar la ley como está, en atención a lo que expresó el sector de los inquilinos, pero otros creen que hay hacer modificaciones sí o sí, entre ellos, el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa.
Los diputados de Juntos por el Cambio también tienen desacuerdos. Tras haber planteado la opción de derogar la ley, la mayoría del interbloque se inclina por volver a los contratos de dos años con ajustes semestrales pero esta opción no convence todavía a toda la bancada.
¿Puede haber más de un proyecto?
Cuando el oficialismo y la oposición anunciaron, el 31 de marzo pasado, un acuerdo para trabajar para lograr un proyecto de consenso que solucionara los problemas generados por la Ley 27.551 en un plazo de 30 días hábiles se generó una expectativa que, con el correr del tiempo, se fue diluyendo.
Por estos días, en el Frente de Todos y en Juntos por el Cambio ven como algo muy difícil alcanzar ese nivel de consenso, especialmente cuando las diferencias no solo son entre ambos espacios, sino también internas.
En ese contexto, fuentes parlamentarias consultadas por este medio consideraron que lo más probable es que de la comisión surjan dos dictámenes diferentes. Si se diera esa situación, el camino más viable sería tratar de unificar un solo texto durante el debate en el recinto de la Cámara de Diputados, antes de la votación.
El problema que encaran las dos bancadas más grandes es que nadie tiene mayoría suficiente para avanzar con una iniciativa propia. Por eso se les impone la necesidad de lograr algún nivel de acuerdo para que el debate no quede en la nada.
Además, la extensión del debate, la expectativa generada y la incertidumbre sobre los resultados generó como consecuencia adicional una paralización del mercado de alquileres, donde los precios, según advierten los especialistas, no dejan de subir.
Alquileres: los principales proyectos
Hay más de 30 iniciativas presentadas en la Cámara de Diputados en torno a la Ley de Alquileres. Más de la mitad plantean la derogación total de la norma y el resto propone modificaciones muy diversas. Casi todos los proyectos serán detallados en la reunión que mantendrán los diputados esta semana.
Uno de los proyectos más importantes del Frente de Todos es el que presentó José Luis Gioja, el cual mantiene el ajuste indexado pero fija topes: un límite del 10% adicional al que corresponda con el ajuste anual previsto por la ley para la renovación de los contratos y del 20% adicional para el precio inicial del alquiler. Además, abre la puerta a un eventual impuesto sobre la vivienda ociosa.
Su compañera de bloque Gisela Marziotta presentó por su parte una iniciativa para crear una Cámara Nacional de Alquileres integrada por todas las partes del sector y el Estado, y propone la suspensión de los aumentos previstos hasta que entre en vigencia la nueva ley.
Dentro de Juntos por el Cambio, hay un proyecto de Cristian Ritondo y Álvaro González junto a otros legisladores que propone que en los contratos «el precio del alquiler debe fijarse como valor único y por períodos mensuales, sobre los cuales pueden realizarse ajustes pactados de común acuerdo entre las partes».
Por su parte, Alberto Asseff presentó un proyecto que también apunta a los acuerdos entre partes y agrega un procedimiento de desalojo abreviado e incentivos fiscales para locadores. El diputado explicó que apunta a la «libertad de contratación y el equilibrio de mercado» y a facilitar «la contratación y el entendimiento entre las partes».
