/https://assets.iprofesional.com/assets/jpg/2023/04/551970.jpg)
El Gobierno nacional dejó trascender que derogará la ley de alquileres vigente por decreto. Esto provocó dudas en quienes buscan una vivienda para alquilar y en quienes tienen que renovar su contrato.
Los inquilinos actuales, que tienen contrato vigente, mantendrán las condiciones actuales hasta el vencimiento del plazo estipulado. Es decir, serán por tres años y con ajustes anuales a través del Índice de Contratos de Locación (ICL) que regula el Banco Central.
Los cambios que se estudian llegarían una vez que el Gobierno nacional, o el Congreso, resuelvan las medidas para los futuros contratos, y desde el segmento inmobiliario estiman que sería a partir de mayo próximo.
Ley de alquileres: el mercado desconoce cuál será el nuevo marco
En el sector de los comercializadores coinciden en que la falta de precisiones respecto de cómo se operará en los días que vienen paralizará por completo las nuevas operaciones. Los agentes de ese nicho tampoco saben qué tipo de pautas deberán afrontar quienes por estos días debían cubrir los aumentos estipulados por la ley hasta ahora vigente.
Por el lado de los analistas, predomina la opinión de que, sin otras medidas de fuerza, la suspensión del marco no redundará en una baja de los precios o la ampliación de la oferta de unidades disponibles en el mercado de los alquileres.
«En este marco de desequilibrio macro, con altísima inflación y con el grado de desconfianza actual, esto no tendrá ningún efecto práctico inmediato si no es acompañado por otra serie de medidas de estabilización que difícilmente se adopten. Sobre todo, porque estamos en un escenario de año electoral», dijo a iProfesional José Rozados, CEO de Reporte Inmobiliario.
«Así como fue inoportuno el momento en el que se sancionó la ley, que fue ajena a la realidad del contexto económico y del mercado en ese momento, también lo será tomar la medida de derogar la ley sin comunicar de forma precisa en qué casos seguirá aplicándose el marco actual, en cuáles ya no, y qué tipo de marco legal será el que quedará vigente«, añadió.
Ante la consulta de iProfesional, desde el Consejo Profesional Inmobiliario (CPI) se pronunciaron a favor del fin de la ley pero se pronunciaron en contra de que la medida ocurra por decreto.
«Suspender por DNU la aplicación de una ley del Congreso necesariamente tendría visos de inconstitucionalidad, ya que implicaría que el Poder Ejecutivo se arrogaría la capacidad de legislar salteándose al Legislativo. Esto generaría una sensación de inseguridad jurídica e incertidumbre aún mayor a la que ya sufrimos, lo cual afecta a toda la actividad económica, pero especialmente a las inversiones inmobiliarias y de la construcción», se indicó desde la entidad.
«La intervención estatal en el mercado de alquileres ha sido y es un error que la sociedad viene sufriendo desde hace casi tres años. Pero no se puede solucionar una equivocación con otra. El Estado cuenta con las herramientas correctas para saldar la injusticia que ha generado, y debe recurrir a ella en lugar de embarcarse en aventuras de dudosa legalidad«, añadieron fuentes del CPI.
